La pelea que deja agonizando a la CRA y fortalece al Área Metropolitana

*Mayor cantidad de plata para medio ambiente se invertirá en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Los otros municipios del Atlántico recibirán migajas.

REDACCIÓN ZONA ORIENTAL.

“Hierve” en el Atlántico una polémica por la decisión de la Junta Directiva del Área Metropolitana de Barranquilla de autoproclamarse como la nueva autoridad ambiental para los municipios de Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla, a partir de enero del 2021, desplazando a la CRA en esta función.

La base jurídica que lo permite, en criterio de los miembros de la Junta Directiva, son dos leyes, la 99 de 1.993 y la 1625 del 2.013. Y el artículo clave que destacan es el 66 de la primera norma, el resto es complemento, que dice: “Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano”.

Aprobada la nueva autoridad, bendecida por el Ministerio del Medio Ambiente, según los mismos creadores, se extendió invitación a organismos como la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Barranquilla Verde, entre otros afines, para trazar trabajo articulado que armonice con la distribución de competencias. Hasta ahí todo pintaba de manera armónica, pero cuando comenzó a esclarecer el manejo de los recursos se abrió la polémica.

Para este año la CRA cuenta con un presupuesto de 110.000 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento es obtenido de lo que ingresa por el pago de tasas ambientales y otras obligaciones, de las empresas e industrial privadas y entidades asentadas en la jurisdicción del Área Metropolitana de Barranquilla. Lo que queda en evidencia es que ese porcentaje es el que busca la AMB sea invertido en su territorio.

Lo más reciente es la carta que 19 alcaldes firmaron en contra de la nueva autoridad y pidiendo la intervención directa de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, para que respalde la institucionalidad de la CRA, pues es algo que “resulta incongruente con la gestión integral y planificación articulada del ambiente en el Departamento”.

Agregan que es un desconocimiento que le hacen a la CRA como la máxima autoridad ambiental del Atlántico, creada bajo el amparo de la Ley 99 de 1993, la misma que ahora es aplicada para afectarla. Además, destacan la experiencia e idoneidad en el desarrollo de sus funciones como tal, así como el buen el manejo administrativo de los recursos naturales renovables.

Seguidamente aseguran que de esta manera se ve afectado el 70 por ciento del presupuesto de ingresos de la Corporación, lo cual se traduce en un serio obstáculo para concretar los proyectos que hacen parte del Plan de Acción del Cuatrienio en los que tuvieron participación en su estructuración, con base en los problemas ambientales que tiene los municipios fuera de la AMB.

También señalan que no se está siendo consciente de que la CRA no ha descuidado a Barranquilla y una prueba es la inversión de 710.879 millones de pesos que ha aportado para la canalización de los arroyos urbanos más peligrosos de la ciudad, lo que se ha traducido en la pignoración de recursos hasta el año 2035.

En la firma del documento, llama la atención la del actual alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve Álvarez, quien es miembro de la Junta Directiva del AMB por ser municipio bajo esta jurisdicción. La explicación es que él no dio voto favorable porque, basado en análisis jurídicos, por ser Malambo el resguardo indígena Mokaná, ha debido hacerse una consulta previa lo cual no se llevó a cabo.

FUE UN ACTO ILEGAL

Entre tanto, el director de la Corporación, Jesús León Insignares, ha sostenido que fue un acto ilegal, aprobado sin soportes y estudios técnicos no sustentables, que viene a poner en peligro la ejecución del Plan de Acción 2020-2023, que contempla inversiones en proyectos macros como la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas de las cuencas mar Caribe, río Magdalena y Canal del Dique.

De igual manera tambalea la financiación de proyectos como la recuperación y manejo de los humedales, entre ellos, el Embalse del Guájaro, las ciénagas de Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Mallorquín y Lago del Cisne; el dragado de cuerpos de agua, la reconstrucción de diques para frenar inundaciones; el monitoreo de la calidad del agua; y programas para la adaptación del cambio climático. En síntesis, se afectan 27 programas, 60 proyectos y 186 acciones estratégicas del Plan de Acción.

Contrario a la opinión del funcionario está la del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la del director del AMB, Libardo García Guerrero.

“Lo que buscamos es que nuestra Área Metropolitana se vuelva un territorio donde sea agradable vivir, donde sea cada vez más eficiente movernos y atraer más inversión para que todos tengamos más prosperidad… Por eso hoy el Área Metropolitana está estudiando la adopción del Plan Metropolitano de Ordenamiento que busca y contempla agregar ecoparques en cada municipio, mejorar la calidad y sostenibilidad del medio ambiente para que sea un motor de desarrollo”, manifiesta el alcalde Pumarejo.

El exdirector de la CRA, el abogado Porfirio Castillo, también ha intervenido en el debate manifestando que “el concepto jurídico es que mientras exista el Distrito Especial de Barranquilla como entidad territorial no puede ser el Área Metropolitana una autoridad ambiental y en términos absolutos no podría ejercerla en el Distrito de Barranquilla”. Igualmente, señala que la autoridad plena sobre todo el Departamento la tiene la CRA, excepto en Barranquilla por su condición de Distrito Especial.

AUTORIDAD SÓLIDA

Finalmente, la Junta Directiva del Área Metropolitana salió en defensa de su decisión, a través de un comunicado de 9 puntos.

Destaca que no es ir en contravía, sino de “conformar una autoridad ambiental sólida que concentre sus acciones en la implementación de una política ambiental urbana planificada y cohesionada en el territorio metropolitano, habitado por más de 2 millones de habitantes”.

Dice que es en este territorio donde se concentran los principales problemas ambientales propios de los grandes centros urbanos como la contaminación, la pérdida del recurso hídrico, la degradación de los suelos, entre otros, y donde se requieren mayores acciones de control y vigilancia de los recursos naturales, situaciones que se convierten en la prioridad del AMB como nueva autoridad ambiental.