Escandaloso decreto protege a funcionarios por irregularidades en Ingreso Solidario
Por SANTOS SUÁREZ BADILLO
Director ZONA ORIENTAL
No dejan de sorprender los datos que se vienen conociendo a propósito de hechos irregulares relacionados con el programa Ingreso Solidario. El último es un decreto que blinda judicialmente a los implicados en el escándalo.
A los miles de casos de identificaciones falsas, que fueron denunciadas por la comunidad a través de redes sociales, se le suman miles de asignaciones del subsidio a cédulas de fallecidos, pero a nombre de otros titulares que aparecen como beneficiarios.
Lo que parecía un programa serio, bien intencionado y con unos propósitos loables en medio de la cuarentena, se ha vuelto todo un despelote que está bajo la lupa de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General.
Tal como está concebido, este subsidio de $160.000 a la población informal del país que carece de ingresos, fue de buen recibo por parte de millones de personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.
Al cuarto día, por las irregularidades señaladas, fue suspendido, pero alcanzaron a cobrar la plata 1 millón 200.000 personas. La idea es beneficiar a 3 millones de informales, lo que significa que 1.800.000 están a la espera de la ayuda.
DECRETO DE ESCÁNDALO
A los hechos señalados se le suma uno que puede resultar peor, y es que los funcionarios que aplicaron el programa están blindados jurídicamente, es decir, que de comprobarse que incurrieron en delitos, no podrán ser procesados ni penal ni disciplinariamente.
Esta disposición la ordenó el presidente de la República, Iván Duque, mediante el Decreto 518 de 2020 que creó el programa Ingreso Solidario. El primer mandatario de los colombianos firmó este decreto el pasado 4 de abril.
Allí fue incluida una cláusula que blinda judicialmente a los encargados de aplicarlo. De manera concreta establece que la configuración de conductas fraudulentas no conlleva responsabilidad a quienes participen en la implementación de este programa.
Y también señala que sí incurrirán en responsabilidad aquellas personas que reciban los recursos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos.
En apariencia este decreto es a todas luces inconstitucional, pero deberá ser la Corte Constitucional, la que decida su futuro.
$200 MIL MILLONES COBRADOS
En un informe de la revista Semana, se precisan detalles sobre este escándalo. Por ejemplo, que muchos beneficiarios que ya habrían cobrado, son funcionarios con sueldo y otros son estudiantes de universidades privadas.
Igualmente, que 23.283 cédulas tienen anomalías como exceso de dígitos (3.273 casos); 8.309 cédulas canceladas, la mayoría por muerte, y 11.219 cédulas que contaban con beneficios del programa, pero que la Registraduría no tenía noticia de su existencia en el Archivo Nacional de Identificación.
Así mismo, que de los 500 mil millones de pesos que vale el programa Ingreso Solidario, se alcanzaron a girar 200 mil millones.
