Investigan al Fondo de Adaptación por incumplir obra en Manatí
Los 562 estudiantes de la Institución Educativa Agropiscícola Las Compuertas, en el municipio de Manatí, no pierden la esperanza de estrenar las instalaciones de su centro educativo que resultaron afectadas durante la histórica inundación del sur del Atlántico, provocada entre el 2010 y 2011 por el desbordamiento simultáneo del Río Magdalena y el Canal del Dique.
En mayo del 2019, ocho años después de la tragedia, el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Adaptación, contrató, por un monto global de 7.305 millones de pesos, la reconstrucción de la institución con el Consorcio Arcoci estableciendo el compromiso que debía estar lista a finales de julio del 2021.
Los trabajos contratados se relacionan con 11 aulas de clases, un centro de recursos, un laboratorio, aulas de sistema, dirección administrativa, batería sanitaria, centro de desarrollo infantil, cancha deportiva, entre otros.
Sin embargo, esto no se ha cumplido y la obra se estancó cuando iba en el 51,07% de su ejecución, lo que conllevó al alcalde Evaristo Olivero Sanjuanelo a pedir la intervención de la Procuraduría General de la Nación.
En respuesta el Ministerio Público abrió una indagación previa contra los funcionarios del Fondo de Adaptación para expliquen el estado en el que ha quedado la reconstrucción del centro educativo porque se está vulnerando el derecho a la educación de los estudiantes.
“De acuerdo con lo denunciado por el alcalde de Manatí aún no concluye la entrega del objeto contractual prevista para el año 2019, y el negocio jurídico fue cedido a un nuevo contratista que estaría solicitando ajustar los precios, por lo cual solicitó “(…) iniciar las respectivas investigaciones para verificar el estado de los recursos y las respectivas sanciones (…) a las que haya lugar (…)”., señala la Procuraduría.
La respectiva investigación fue comisionada a la Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico, cuyos funcionarios deberán “verificar la ocurrencia de los hechos informados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, e identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos para establecer si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”.
