Durante plantón en la ANI, dirigentes del Sur celebran que sea gobierno de Petro el que adjudique obras del Canal del Dique

Las comunidades ubicadas en zona de influencia del Canal del Dique de Atlántico, Bolívar y Sucre, adelantan una protesta pacífica en la sede de la ANI en Bogotá para rechazar la posibilidad que se adjudique el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados de este cuerpo de agua, a la firma española Sacyr.

Esta manifestación coincide con la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura en el sentido de suspender el proceso licitatorio, por solicitud en tal sentido hecha por la Contraloría General, tras encontrar algunas fallas que no se pueden subsanar antes de la adjudicación prevista para mañana 5 de agosto.

En consecuencia, la culminación de este proceso licitatorio le corresponderá al entrante gobierno de Gustavo Petro Urrego.

La Asociación de Comunidades del Sur del Atlántico tiene representación en el plantón en la capital del país: Antuaneth Ospino y su presidente, William Lastra Ospino, quien en declaraciones a Zona Oriental, destacó que la lucha de los pueblos afro, indígenas, pescadores y campesinos, está dando resultados.

“Hoy quienes pretendían a través de amenazas sobre líderes y lideresas, no consiguieron su objetivo, que era adjudicar un contrato de más de 3 billones de pesos a una firma cuestionada a nivel nacional e internacional”, expresó el dirigente campesino de Campo de la Cruz, quien agregó que “hoy nuestra protesta ha tenido eco”.

También informó que han denunciado la difícil situación que afronta el Sur del Atlántico por los altos niveles del Canal del Dique y el río Magdalena.

Aseguró que las autoridades “no se han querido enfrentar con las comunidades del sur para implementar las tareas que nos den un tanto de tranquilidad para evitar una tercera catástrofe”.

Agregó que no los han escuchado “y queremos darles una voz de alerta a estas autoridades, que estamos en la capacidad de exigir nuestros derechos. Hoy nos hemos ganado esta batalla de la no adjudicación que la tenían planteada el presidente Iván Duque y la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez”.

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