Ante Zozobra e incertidumbre frente al Canal del Dique, ¿Megaproyecto es la solución?

En septiembre pasado se prendieron las alarmas al inundarse una franja de terreno entre los municipios de Santa Lucía y Manatí. Residentes presentían una tragedia similar a la del 2010.

El peligroso aumento de los niveles del río Magdalena y el Canal del Dique ha generado una situación de angustia permanente entre los habitantes del sur del Atlántico, quienes temen que se repita lo ocurrido hace 11 años, cuando se inundó gran parte de esa subregión del departamento.

Y no es para menos, por cuanto los niveles monitoreados en el puesto de San Pedrito se han acercado a los 8 metros, es decir, a pocos centímetros del registro de 2010 cuando se produjo la ruptura e inundación de esa zona del departamento. El 29 de noviembre el nivel estaba en 7 metros con 87 centímetros, cuando dos meses atrás había bajado a 7,65.

Dirigentes de las comunidades de los municipios en riesgo, liderados por William Lastra Ospino, y con marcha de protesta, han lanzado en las últimas semanas un SOS para que se tomen acciones prontas, no solo relacionadas con la prevención, sino incluso que el gobierno departamental envíe maquinaria a la zona para atender una eventual emergencia por ruptura o desbordamiento del canal.

Los municipios son: Campo de la Cruz, Suan, Manatí, Santa Lucía, Repelón y Candelaria. Buena parte de la zona rural de estas poblaciones se encuentra bajo las aguas del río Magdalena, lo que ha ocasionado millonarias pérdidas a los cultivadores de diferentes productos alimenticios.

Sin embargo, hay quienes piensan, como el dirigente Gustavo De la Rosa, que no hay motivos suficientes para estar alarmados, por cuanto las carreteras que atraviesan estos municipios son lo suficientemente fuertes y altas para evitar el desbordamiento de los señalados cuerpos de agua.

La situación actual, como en la emergencia de hace 11 años, se presenta por el fuerte invierno que se registra en el país, lo que quiere decir que esta incertidumbre estará presente cada vez que haya un fenómeno de “La Niña”.

Candelaria Hernández, subsecretaria de Prevención y Atención de Desastres del Atlántico, ha sido reiterativa en afirmar que, junto con funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la Alcaldías y comunidades se lleva a cabo una labor de monitoreo permanente en 11 puntos vulnerables detectados y existe la disponibilidad de prestar asistencia de inmediato en caso de ser requerida, como sucedió en septiembre.

Antonio Machacón, concejal del municipio de Manatí, aseguró que en los últimos días la situación se ha normalizado, luego de la emergencia de inundación por efectos del Canal del Dique en una zona de tierra baja, ubicada entre los municipios de Santa Lucia y Manatí, a principios de septiembre pasado. Fueron unas 500 hectáreas las afectadas, en su mayoría pastizales en donde es llevado el ganado de las fincas cercanas.

EL MEGAPROYECTO

Sobre la solución de fondo existe un megaproyecto que contempla la intervención de 117 kilómetros entre Cartagena y Calmar, en la ribera del río Magdalena, que busca regular el ingreso de caudales al Canal del Dique y controlar el tránsito de sedimentos para minimizar el riesgo de inundaciones.

La iniciativa viene avanzando, de acuerdo con los detalles que entregó a esta redacción el director del Observatorio del Río Magdalena y profesor de la Universidad del Norte, Humberto Ávila. “Es un proyecto que ha madurado”, dice.

El beneficio será para 1,5 millones de habitantes de 20 municipios de los departamentos de Atlántico (Campo de la Cruz, Candelaria, Sabanalarga, Santa Lucía, Suan, Repelón, Luruaco, Manatí), Bolívar (Calamar, Arroyo Hondo, Mahates, Arjona, Maríalabaja, Cartagena, San Estanislao, Turbana, Turbaco, Soplaviento, San Cristóbal) y Sucre (San Onofre).
“Este proyecto presenta diferentes componentes. Para algunos podría parecer que es solo para navegabilidad, pero no, eso es apenas es una fracción de su todo. Contempla componentes ambientales, ecológicos con las partes de las ciénagas, manejo de sedimentos sobre la bahía de Barbacoas, condiciones en ciertas áreas sobre el mar Caribe, inversión social, proyectos productivos, obras de contención e intercomunicación entre ciénagas y obviamente lo de la navegación”, destaca el analista.

La inversión estimada es 2,8 billones de pesos, recursos en los que tendría participación el Estado e inversionistas privados, a través de una APP que está siendo estructurada. El Banco Mundial, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), lo está estudiando.

SOLUCIONES REALES

Para Ávila, sí es viable que se logren soluciones reales, puesto que las propuestas que se han hecho son estudiadas con base en el trabajo del consorcio Royal Haskoning DHV, Gómez Cajiao, y el Fondo de Adaptación.

“No obstante, en todos los proyectos de ingeniería siempre va a existir probabilidad de falla técnica. En este caso, pienso que la vulnerabilidad del proyecto no está asociada a las obras en sí, sino a cómo se integra a la comunidad con el proyecto, ¿Por qué lo digo? Porque, aunque se protejan los diques la gente, que está al otro lado de esos diques, necesitan agua; tienen el agua al frente, pero ellos no. Entonces, ¿Qué hacen?, vuelven a meter tuberías. La memoria se va perdiendo de lo que pasó y porqué pasó”.

“Yo he propuesto, en algunos escenarios, llevarle agua a la comunidad, agua cruda. Uno puede tomar agua del sector de Las Compuertas, o aguas arribas en el río Magdalena por gravedad y paralelo al Dique se lleva, entonces la gente la va tomando de esa tubería, o de un canal paralelo, para las fincas; es para que nadie se le ocurra otra vez meter un tubo. La ingeniería no corresponde solo a las obras, sino que también le corresponde a la gente”, concluye.