La comunidad lucha para que desmonten los peajes de Sabanagrande y Baranoa

*Cuando concesiones están a punto de finalizar, la ANI pretende seguir financiando con peajes más obras con plata de la gente empobrecida de los municipios.

REDACCIÓN ZONA ORIENTAL

No es coyuntural el malestar de los habitantes de Sabanagrande y Baranoa, ni de los municipios vecinos, por tener en sus predios casetas de peajes sobre las principales vías de acceso a la región, bajo el pretexto de que sólo así es posible contar con la financiación del mantenimiento para el buen estado y seguridad de las respectivas infraestructuras viales.

“Mostramos nuestro inconformidad por la forma autoritaria, maquiavélica, impositiva, monárquica de querer perpetuar en el tiempo seis casetas de cobro de peaje, cuatro en el departamento de Bolívar y dos en el Atlántico so pretexto de desarrollo y creación de empleos, que no se ven y solo viven en el imaginario de quienes sí se benefician de esta clase de negocios y funcionarios públicos que así lo permiten”, se resume en una especie de manifiesto, suscrito por voceros de la comunidad, que anuncia el ‘nacimiento’ del ‘Comité de no más peaje de Baranoa y Sabanagrande’.

Ese frente común de lucha pacífica y del que hacen parte dirigentes, líderes sociales, juventudes, profesionales universitarios entre otros, de los municipios de Santo Tomás, Palmar de Varela, Sabanagrande, Sabanalarga, Baranoa, Galapa, Polonuevo y Usiacurí, surgió poco antes del pasado 6 de junio, cuando se produjeron tomas a las estructuras de cobro, una ubicada a la altura de Sabanagrande, en la Vía Oriental que conecta al Atlántico con Bolívar; y la otra cercana al perímetro urbano de Baranoa, sobre la Cordialidad que une a Barranquilla con Cartagena.

La principal petición es el desmonte de ambos peajes, teniendo en cuenta que falta poco para la culminación del período dado a las concesiones viales Ruta Caribe, bajo el manejo del consorcio Autopistas del Sol, debido al impacto negativo que estos han tenido en la economía familiar de los municipios en sus zonas de influencia; además del incumplimiento de promesas en el pasado, entre ellas el establecimiento de tarifas diferenciales, en el caso del centro del departamento, para los transportadores locales.

Ahora el malestar estriba en que se han enterado de los pasos que viene dando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dependencia del Ministerio de Transporte, en prorrogar la concesión ante la solicitud del consorcio en la necesidad de ejecutar obras complementarias, contempladas en los diseños, pero que por problemas en el cumplimiento de los cronogramas de ejecución no ha sido posible llevarlas a cabo, lo que se traduce en la permanencia de las casetas como fuente de financiación.

En la más reciente toma a las casetas, los voceros pidieron reunión urgente con la directiva de la ANI y de la Administración Departamental, advirtiendo que si no hay respuestas concretas volverían a las vías de hecho, o sea al bloqueo de la movilidad vehicular.

ANUNCIOS DE LA ANI

Luego de ello se produjo una reunión con la presencia del presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, al caer la tarde del viernes 18 de julio, en la sede de la Gobernación del Atlántico en Barranquilla. Al término del encuentro, en el que también participaron algunos alcaldes y delegados del Gobierno Departamental, Gutiérrez expuso las conclusiones:

“Frente a las tarifas diferenciales, la siguiente semana vamos a trabajar en la ANI para preparar una resolución y poder sacarla, ojalá la siguiente semana, o lo más pronto posible y hacer una realidad las tarifas diferenciales a las que nosotros nos habíamos comprometido; vamos a hacer una serie de reuniones en campo, con el equipo de la ANI, con varios vicepresidentes. Algunas reuniones van a ser conmigo directamente para oír a la comunidad, oír cuales son las molestias, las preocupaciones y buscar soluciones. Tener un diálogo directo, para eso vine acá y en eso vamos a trabajar en las siguientes semanas como una prioridad”, destacó el funcionario.

Finalizó diciendo que “también nos comprometimos a tener una reunión, acá en la Gobernación del Atlántico, en unas semanas, para hacer una revisión de los compromisos, de los avances, de las mesas y continuar avanzando”.

Sobre la situación, el consorcio Autopistas del Sol, cuya concesión expira en 2025, si no hay prórroga, ha sido reiterativo en sus pronunciamientos mediante comunicados, cuando se producen las tomas, indicando que si bien es respetable el derecho constitucional que le asiste a las comunidades a manifestarse públicamente, lo rechazable son las vías de hecho como mecanismos de presión.

De igual manera, sostiene que son el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, los responsables de establecer las tarifas de peajes y solo ellos son los que han manifestado, en varias oportunidades, que se encuentra estudiando las solicitudes de las comunidades y de la Gobernación del Atlántico para cobrar una tarifa diferencial a los vehículos particulares y de transporte público.

A propósito del malestar que generan los peajes de Sabanagrande y Baranoa, recientemente, la gobernadora expuso su punto de vista en medios locales, advirtiendo que se trata de vías nacionales, en donde el margen de actuación de la Administración Departamental es limitado, aunque sí se le pide al Gobierno Nacional su intervención en la búsqueda que soluciones consensuadas con las comunidades.

“Lo cierto es que ya ambas concesiones están llegando a su fin y lo lógico es que se desmonten los peajes. Sin embargo, nos hemos enterado, y eso es lo que motiva las protestas, que la ANI, una dependencia del Ministerio de Transporte, está adelantando otro tipo de concesiones que requerirían también peajes. Hicimos un requerimiento a la ANI y le dijimos que si van a hacer concesiones no las pueden hacer a espaldas de la gente. Aquí la gente está molesta y que por favor dieran la cara, porque para nosotros es muy difícil llegar a acuerdos cuando son vías que no les pertenecen al Departamento y tampoco nos dan información”, expresó la mandataria.

Noguera reiteró que cuando no hay consenso con las comunidades las situaciones se ponen difícil. “Nosotros hasta para hacer un parque tenemos que generar consenso, un puesto de salud, que son pequeñas inversiones; uno tiene que hablar con la gente para ver qué quieren de esas obras. Eso de estar planeando una nueva concesión sin, ni siquiera, avisarnos a nosotros no estamos de acuerdo”.

A los pedidos de desmonte de los peajes de Sabanagrande y Baranoa, se le suma el de los Papiros de Puerto Colombia, cuyos habitantes consideran que llegó el momento de quitar esta estructura que durante muchos años los ha afectado económicamente.