Además de Pulgar, otros congresistas del Atlántico en el ‘ojo del huracán jurídico’
*Si bien no se han caracterizado por promover proyectos de ley de impacto, algunos de ellos sí hacen parte del abanico de cuestionados y que deben rendir explicaciones en tribunales. Eduardo Pulgar es el ‘campeón’.
POR REDACCIÓN SIN RECATO
El Atlántico es el departamento que estaba llamado a jugar un papel preponderante en el Congreso de la República, a través de sus 19 congresistas elegidos hace dos años. Sin embargo, un corte de cuentas lo deja con un balance de gestión en entredicho.
Hay que precisar que, en las elecciones de marzo del 2018, fueron 20 los escogidos en las urnas, pero con el traspiés de la aspirante al Senado por el Partido Conservador, Aida Merlano Rebolledo, quien quiso dar el salto desde la Cámara de Representantes, pero fracasó, luego de descubrírsele una serie de procedimientos ilegales e irregulares para culminar con honores su meta, se resta esa curul.
Hoy, en la Cámara de Representantes actúan siete congresistas, cuatro de ellos de Cambio Radical: César Augusto Lorduy Maldonado, José Gabriel Amar Sepúlveda, Karina Estefanía Rojano Palacio y Modesto Aguilera Vides; uno por el Partido Conservador: Armando Antonio Zabaraín Arce; otro en nombre del Partido Liberal: Jezmi Lizeth Barraza Arraut; y por el Partido de la U: Martha Patricia Villalba Hodwalker.
En el Senado el número es mayor, 12 en total, encabezando la lista el actual presidente de esa Corporación y cabeza visible en Cambio Radical, Arturo Char Chaljub; le siguen: Luis Eduardo Díaz Granados Torres, de esa misma colectividad política; seguidamente, por el Partido de la U: José David Name Cardozo, Eduardo Enrique Pulgar Daza, Armando Alberto Benedetti Villaneda y Miguel Amín Escaf; del Partido Liberal: Mauricio Gómez Amín y Laura Esther Fortich Sánchez; por el Partido Conservador: Efraín José Cepeda Sarabia y Laureano Augusto Acuña Díaz; por el Centro Democrático, Carlos Manuel, Meisel Vergara; y por la Alianza Verde: Iván Leonidas Name Vásquez.
“De todos se puede concluir que el trabajado legislativo ha sido más bien discreto, sin trascendencia; en ellos no se destacan los grandes proyectos de iniciativa propia que anunciaban en sus campañas; y como la mayoría está con el gobierno del presidente Iván Duque, su actuación se limita al ‘pupitrazo’ de aprobación en cada sesión, tanto en sus respectivas comisiones como en las plenarias. En resumen, no se ve un verdadero protagonismo serio y contundente. Mucha retórica, bla, bla, como siempre…”, comentó un analista consultado, pero que pidió reserva de su identidad.
No obstante, a lo expresado por el analista, varios sí se han destacado, sobre todo del Senado, pero no por su labor, sino porque hacen parte de procesos disciplinarios y penales, varios de ellos con origen en la ´prendida de ventilador’ de Aida Merlano, como Char Chaljub y Acuña Díaz, quienes están vinculados en investigaciones que lleva la Corte Suprema, relacionadas con supuestas maniobras ilegales puestas en marcha para sus respectivas elecciones.
EL ENCARCELADO PULGAR
En esa línea de actuaciones polémicas y en entredicho, se destaca el senador Eduardo Pulgar Daza, capturado en el Aeropuerto Internacional ElDorado de Bogotá, el pasado primero de diciembre, en cumplimiento de una orden emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y corrupción electoral.
Pulgar debe aclarar su participación, de acuerdo con grabaciones suministradas a los magistrados de la citada Sala de la Corte, en el supuesto ofrecimiento de 200 millones de pesos a manera de soborno al juez Andrés Rodríguez Cáez, del municipio de Usiacurí (Atlántico), y así favorecer en un pleito jurídico a miembros de la familia Acosta, liderados por Luis Fernando Acosta Osío, por el manejo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, estamento considerado como uno de sus fortines políticos en el Atlántico.
Este caso viene desde el 2017, según lo que le ha contado el juez Rodríguez al magistrado Marco Antonio Rueda, quien lleva el caso. En resumen, el juez sostiene que por invitación del entonces alcalde de Usiacurí, Ronal Padilla, ficha política del movimiento de Pulgar, asistió a una entrevista en Barranquilla con el senador Pulgar y en ella recibió el ofrecimiento al que se negó y como prueba facilitó la grabación que hizo de la conversación.
“No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad… esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados…”, se escucha en la grabación atribuida al Senador, divulgada por el periodista Daniel Coronell, en el portal Los Danieles.
Y más adelante: “Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: Hey doc, esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde? Así, pa’ hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”, habría dicho Pulgar.
Valoradas las pruebas, luego de haber sido escuchadas las partes involucradas, la Corte Suprema tomó la decisión de ordenar la detención de Pulgar, quien permanece en la Cárcel La Picota. Del juez Rodríguez trascendió que, a comienzos de noviembre pasado, pidió asilo político en Canadá debido al recibimiento de amenazas.
La defensa
La defensa del senador Pulgar, el reconocido abogado penalista Jaime Granados, ha solicitado que sea cambiado de sitió de reclusión ante “delicado estado de salud”. También argumenta, a través de un video, que no era necesaria ordenar la captura porque su cliente ha sido “ejemplo” de acatamiento de la justicia, cada vez que ha sido requerido.
Al mismo tiempo, la defensa busca que en lo disciplinario, el caso no sea de competencia de la Procuraduría General, sino de la Comisión de Ética del Senado, situación que es evaluada por el Consejo de Estado.
Un abogado penalista consultado explicó que si Pulgar es hallado responsable de los delitos que le son imputados, podría ser condenado a 12 años de prisión. Mientras, una decisión de la colectividad política a la que pertenece, el Partido de la U, lo suspendió, al tiempo que la presidente del colectivo, Dilian Francisca Toro, tras indicar que le entristece la situación de Pulgar, sí debe demostrar su inocencia.
Pero este no ha sido el primer caso en el que ha estado involucrado el senador, quien además de haberse dedicado a la política en el Atlántico y en buena parte de la Costa Caribe, es un aficionado a las riñas de gallos.
En Barranquilla, recuerdan que en el 2003 luego de un allanamiento a su oficina, en época de elecciones, le hallaron más de un centenar de cedulas y dinero en efectivo; en el 2007, la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó 14 años para ejercer política, lo que no fue impedimento pues lo siguió haciendo a nivel nacional a través de su entonces esposa Karime Mota, quien fue senadora, y de parientes en lo regional y lo local.
En el 2014, el entonces procurador Alejandro Ordóñez revocó la inhabilidad y Pulgar volvió a la actividad, siendo elegido senador, lo que le facilitó aumentar su poder político regional. De él se comenta que las decisiones claves en las alcaldías de Soledad y Santo Tomás les son consultadas y se procede si él las ‘bendice’.
Incluso le atribuyen ser uno de los líderes del llamado ‘Pacto de Ciénaga’, una especie de mayoría de alcaldes y líderes políticos formada en el Magdalena, para tener el manejo directo de las regalías para ese departamento, que suman unos 320 mil millones de pesos.
TAMBIÉN BAJO LA LUPA
Pero no solo Pulgar es investigado por la Justicia. Los senadores Arturo Char y Laureano Acuña están vinculados al proceso que le siguió la Corte Suprema de Justicia a Aida Merlano, denominado ‘Casa Blanca’, por presunta conducta punible relacionada con los delitos de concierto para delinquir y de corrupción al sufragante.
Merlano, quien fue condenada a 180 meses de prisión (15 años), hoy permanece en calidad de prófuga en Venezuela.
El senador Luis Eduardo Díaz Granados, fue señalado, junto a Pulgar Daza, por el comerciante John Alexander Colmenares Russi, del manejo irregular del sistema de salud en varias regiones de la Costa Caribe.
Colmenares, quien hoy purga una pena de 5 años de prisión, con base en un principio de oportunidad, le reveló a la Fiscalía como operaba la red y se apoderaba de recursos de la salud.