Polémica por el cobro de la cartera dejada por Electricaribe
Una ‘atractiva’ cartera morosa deja Electricaribe, después de 22 años de prestación de servicio en siete, de los ocho, departamentos de la Costa Atlántica. Aunque el monto exacto es un misterio, analistas del sector energético la estiman en más de 3,5 billones de pesos, si se tiene en cuenta que solo la del operador Air-e bordea los 1,6 billones de pesos.
En medio del hermetismo que ha caracterizado los términos de la negociación que hizo el actual Gobierno Nacional, dividiendo el mercado de la región para dos nuevos operadores, Aire que tiene a su cargo los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira; y Afinia que asumió a Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y una parte del Magdalena, ha empezado a discutirse en diferentes ámbitos sobre quién debe ser el cobrador de dicha cartera.
Religiosamente, a través de la web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se venían colgados informes bimensuales de Electricaribe sobre el comportamiento de la ‘cultura de pago’ por parte de los 2.788.587 clientes en 188 municipios costeños, pero el más reciente es de marzo-abril.
Allí se dan señales que las cosas no venían bien. Por ejemplo, se destaca que de una facturación de 772.599 millones de pesos proyectada para el bimestre marzo-abril, solo se recaudó el 68,79 por ciento; es decir, 531.505 millones pesos, cuando en el primer bimestre, enero-febrero, estuvo en el 81,24 por ciento. La causa de ese descenso es atribuida a los efectos de la pandemia por el Covid-19.
Recientemente, a través de un video, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, hizo “un llamado a los suscriptores de los siete departamentos de la Costa Caribe, que tienen facturas en estado de mora con el anterior operador de energía eléctrica, Electricaribe, a ponerse al día en sus cuentas a través del recaudo ejecutado por los nuevos prestadores, Afinia y Air-e”.
Explicó que los usuarios en mora, pueden acceder a planes de financiación o cancelación total de sus obligaciones, con el fin de avanzar en la normalización de la cartera, la cual fue cedida por la anterior empresa a los nuevos operadores desde el pasado primero de octubre.
Y subrayó: “No es cierto que con la llegada de los dos nuevos operadores quedan extintas las deudas morosas con Electricaribe, éstas pasaron a Afinia y Air-e, quienes tienen la obligación de recaudarlas”.
Con esta afirmación, la funcionaria descartó que la cartera dejada por Electricaribe la recaude algún otro organismo.
DEBATE A LA VISTA
Sobre el debate que ha empezado a moverse en la región, ZONA ORIENTAL consultó al exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta Medina, quien expresó que para saber quién debe cobrar la cartera morosa de la energía facturada por Electricaribe hay que remitirse a los términos de la subasta en la que las dos empresas asumieron la operación de los mercados en que se segmentó la región Caribe.
“Si nos atenemos a los términos del comunicado emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos, son los dos nuevos operadores. Otra cosa es que uno lo comparta o no. Las condiciones en las que se liquidaron las electrificadoras subsidiarias de Corelca fueron unas y las condiciones en las que se liquidó Electricaribe y se escogieron dos nuevos operados de los mercados del Caribe son otras. No hay punto de comparación”, indicó el exministro.
Agregó que lo que ocurre es que el Congreso de la República, con la aprobación del PND (Plan Nacional de Desarrollo) le dieron plenas facultades al Gobierno para adelantar el proceso de liquidación y reemplazo de Electricaribe y mucha gente no se percató de ello.
Por su parte, el abogado y analista, Porfirio Castillo Zamora, explicó que el inconveniente, calificado de grave, es que poco se sabe sobre la negociación y entre los argumentos del Gobierno Nacional asegura que fue entre privados por lo que no están en la obligación de revelar detalles.
“Realmente, esa no es negociación entre privados, sino que sobre ella hay grandes inversiones del sector público y grandes aportes. Por ejemplo, los subsidios. Es que no puede entenderse, desde el punto de vista de una negociación entre privados, porque los servicios públicos son responsabilidad del Estado, los cuales se pueden prestar directamente o a través de un tercero”, precisa Castillo Zamora.
Concluye en que todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a saber en qué consistió la negociación y cuánto costó, ¿por qué? “Porque de ese valor de la negociación van a depender entonces los aportes del Estado. Aquí hay una jugada del modelo neoliberal y es que el sector público no se mete en el sector privado, ni el privado en el público; lo que se concluye es que al ciudadano le van a llegar cuentas por un lado y cuentas por el otro. En principio no lo van perder todo”.
NEGOCIO MÁS RARO
Entre tanto, Hamilton Barreto, presidente de Sintraelecol, regional Atlántico, manifiesta que por lo poco que se conoce de la negociación sí corresponde a los nuevos operadores asumir la recuperación de la cartera que dejó Electricaribe.
Sin embargo, el sindicalista hizo duras críticas. “Es que este el negocio más raro del mundo… El Gobierno intervino la empresa, se la quitó a Gas Natural (ahora tiene un problema con Gas Natural, y es que no sabe si la demanda le prospere y tendría que pagarle un billete alto); el segundo paso es que hace unas inversiones entre 4 y 5 billones de pesos, durante la intervención (desde 14 de noviembre 2016); asumió el pasivo pensional, que equivale entre 1,2 y 1,5 billones; asumió todas las deudas bancarias y otras entidades que está por el orden de los 2,4 billones; y lo último fue una inversión de 860.000 millones de pesos”.
“Como si fuera poco, el Gobierno les dijo a los nuevos operadores: ‘la cartera es suya, cóbrenla!… Lo que se presume y se sabe hasta el momento es que el negocio de estas dos empresas estuvo por 700.000 millones de pesos. Es un negocio que no lo entiende nadie…Esto es de locura. Le han pedido las cuentas y no más lo que dijeron era lo que le iban a invertir… Solo con lo de la cartera estas empresas pagan la empresa y les queda plata”, sostiene Barreto.