En plena pandemia deben hasta 25 meses a trabajadores del hospital de Soledad
A los empleados de planta del Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad le siguen debiendo 16 meses de sueldo de vigencias anteriores, mientras que a los contratados por órdenes de prestación de servicios, les adeudan entre 20 y 25 meses.
Si bien en el presente año les cancelaron tres meses de esta vigencia, no tiene presentación que en plena pandemia a médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores en general de ese centro asistencial, se les trate de esa manera y no les paguen lo que se ganaron con tanto esfuerzo.
Los trabajadores de planta son cerca de 60, mientras que lo contratados suman casi 100.
Ellos asumen un gran riesgo al desarrollar su trabajo en medio de un escenario de expansión del virus, especialmente en Soledad, ciudad que se ha convertido en el epicentro de la pandemia entre los municipios del Atlántico con cerca de 1.200 casos positivos.
Y ese riesgo de contagio crece al trabajar en un hospital a donde permanentemente llegan pacientes con coronavirus, aunque después muchos de ellos sean trasladados a otros centros asistenciales.
Edgardo Cera, presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, Anthoc, seccional Soledad, indicó que por ello han continuado protestando para exigir el pago de esos meses atrasados y en general unas mejores condiciones de trabajo.
Sobre el tema de dotación de implementos de protección indicó que ha habido avances, porque a lo entregado por la Gobernación se le suma lo adquirido con recursos propios de la institución, y aportes como el de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, que donó 50 kits de bioseguridad.
Los tres meses de este año, que sirvieron a los trabajadores para disminuir algunas deudas, fueron cancelados por la Gobernación del Atlántico, toda vez que el Juan Domínguez Romero es una institución del orden departamental. Para cancelar las vigencias pasadas se requiere de un saneamiento fiscal, con participación del Gobierno Nacional, proceso que exigen los trabajadores se cumpla en el menor tiempo posible.
